Grupos excluidos

Foto tomada de: Google Image 2012

Para alcanzar el objetivo que nos plantea el Plan Nacional del Buen Vivir es necesario "romper" con las tradiciones que impiden que un determinado grupo de personas ingrese al campo laboral como lo haría cualquier otro "individuo común". De tal manera, se debe comenzar por dar prioridad a los grupos históricamente excluidos que son normalmente grupos étnicos, descendientes indígenas, afrodescendientes,  personas con discapacidades especiales y en una menor cantidad a aquellos que migran de la zona rural a la urbana.  De esta manera, cuando la sociedad sea un solo núcleo constituido de diferencias y desigualdades se habrá logrado la total inclusión para todos y todas. 

Equidad de género

El presente video tiene como fin mostrar al menos en una mínima porción la realidad de esta sociedad en cuanto a la escasez de igualdad, integridad y equidad. Pues como se puede apreciar en el presente ejemplo aún existen personas que creen que los roles que nos han impuesto son determinados para hombres y otros para mujeres y que ninguno de los dos puede inmiscuirse en lo que el otro está designado a hacer. En realidad este es un problema que con el pasar de los años debe eliminarse, solamente entonces estaremos seguros de vivir en una sociedad donde las oportunidades sean equitativas y sin discriminación alguna tanto para mujeres como para hombres.

Sector Privado

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La generación de trabajo digno en el sector privado va a depender de las acciones que realice el Estado en fin de dar prioridad a aquellas formas de producción y de trabajo que históricamente han sido invisibilizadas y desvalorizadas en función de intereses y relaciones de poder. Tanto a nivel urbano como rural y además profundizar el reconocimiento y el apoyo a estas distintas formas de trabajo, sobre todo a las que corresponden al autosustento y al cuidado humano. 

El Estado y el trabajo

Foto tomada de: Google Image 2012

El Estado y su injerencia directa en el campo ocupacional, especialmente como empleador de última instancia, tiene como objeto asegurar el acceso al trabajo a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, mejor entendidas como aquellas que forman parte de los distintos grupos étnicos o que simplemente se encuentran en localidades rurales con la intención de garantizar la total aplicación del concepto constitucional del trabajo como un derecho para todos y todas.